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jueves 22 de agosto del 2019




La disputa entre puesteros y empresarios por la tierra del oeste pampeano
(Sociedad) | Creado: 23/03/2019

Foto de la Noticia La disputa entre puesteros y empresarios por la tierra del oeste pampeano

Estudios realizados por geógrafas y comunicadores sociales analizan los motivos y las consecuencias del avance del capital sobre el departamento Limay Mahuida, en el oeste pampeano. En ese espacio, la lógica empresarial entra en conflicto por el dominio por la tierra y con el modo de vida de sus habitantes: los puesteros, quienes desarrollan distintas estrategias para enfrentar estas disputas.

Las investigaciones muestran que en los últimos 20 años se expandió la frontera agrícola hacia zonas semiáridas del oeste pampeano por razones climáticas: mayores precipitaciones posibilitaron relocalizar el ganado vacuno en el oeste ante la abundancia de pasturas, en una zona que siempre fue caprina. Mientras tanto, el este provincial se volcó hacia una agricultura más redituable. También las políticas neoliberales se profundizaron y estas tierras, donde el capitalismo tardó en llegar (y lo hizo en forma difusa), comenzaron a valorizarse y a generarse nuevas prácticas sociales y productivas. Este proceso, asociado a la expansión de la ganadería vacuna extensiva, el negocio inmobiliario de las tierras que antes tenían escaso valor y la actividad cinegética (cotos de caza y campos inscriptos), generó conflictos en distintos departamentos del oeste entre quienes tienen los títulos de la propiedad y los puesteros, muchos de los cuales ejercen actos posesorios en el lugar desde hace décadas. Los resultados de estas controversias van desde despojos de familias hasta actos de violencia directa. En este sentido, Limay Mahuida es el segundo que registra más disputas por la tierra en la Provincia.

“La conflictividad pone en evidencia la existencia de dos territorialidades que entran en tensión: por un lado, la legal, catastral y registral y, por otro, la real, concreta, que desconoce los límites político-jurídicos”, afirma María Eugenia Comerci, doctora en Ciencias Sociales y Humanas e investigadora adjunta del CONICET. Además, los conflictos por la tierra expresan disputas por la imposición de ciertos modos de desarrollo rural: implican cambios en el uso, acceso y apropiación de los recursos naturales y en las relaciones sociales originadas en el territorio. La tensión también está puesta en la generación de ganancias versus la reproducción del grupo familiar. “Lo que está en juego –nosotros hablamos de territorialidad– es toda una forma de organizar y de producir ese espacio. Mientras que para la lógica empresaria es solo un elemento que se compra y se vende en el mercado, un negocio, para el mundo campesino la tierra es un espacio de vida. Está anclada en el pasado, con la historia familiar”, reflexiona la especialista, que estudia esta y otras problemáticas en la región desde el 2006.

Comerci, autora y compiladora del libro “Estrategias en espacios de borde” (2018), señala que la expansión del capital no reemplaza totalmente la producción tradicional pero supone que se amplía la apropiación de recursos naturales, como el agua o el acceso a zonas de pastoreo; al mismo tiempo, aumentan los cercamientos, la expulsión de los campesinos y el aumento de los empresarios en la zona. “Los datos de los distintos censos nacionales agropecuarios demuestran la concentración de la producción en todos los eslabones de la cadena productiva. De este modo, los productores encuentran dificultades para mantenerse en sus campos y reproducir sus modos de vidas”, concluye Comerci.

Cómo operan los empresarios

La maniobra inmobiliaria más grande en Limay Mahuida sucedió durante la última dictadura cívico-militar: en 1980, una terrateniente del este provincial compró 150.000 hectáreas, lo que equivale a poco más de siete veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. En este contexto, Comerci agrega que los puesteros poseedores fueron citados para firmar contratos de comodato con la doble finalidad de reconocer la titularidad registral y, al mismo tiempo, renunciar al derecho posesorio.

En la actualidad, algunos propietarios son extranjeros pero, por lo general, la mayoría son de la región pampeana: Buenos Aires, Entre Ríos, este de La Pampa, sur de Córdoba y también del sur de Mendoza.

Los empresarios, para avanzar sobre estos espacios usan “los contactos locales que facilitan la información de la tierra disponible para comprar, realizan operaciones irregulares con documentación falsa, apelan a la amenaza, la extorsión y la violencia, pagan impuestos, cercan los predios, las aguadas, los caminos y los puentes”, puntualiza Gustavo Silvestre, licenciado en Comunicación Social, miembro del equipo de investigación y que ha seguido durante años la problemática desde su profesión de periodista. Asimismo, sentencia: “los empresarios actúan con una lógica capitalista, deslocalizada y productivista”. Silvestre cita a uno de los abogados patrocinantes de un empresario para ejemplificar cómo se convalida el despojo en una entrevista periodística que le realizaron. Para el letrado, “no es lógico suponer que una persona pueda, teniendo un puesto, ocupar diez o veinte mil hectáreas para la cría de animales y tener improductiva semejante superficie. Por más que aleguen que tienen derecho, hay que buscar otra salida, ver cómo recuperamos esa tierra. Si recuperamos el río Atuel, van a adquirir un gran valor, no son improductivas necesariamente”.

Además de la actividad ganadera y el negocio inmobiliario, hay una dinámica nueva vinculada a la expansión de cotos de caza. En esta zona de la Provincia, predominan los llamados cotos "abiertos"; es decir, tienen el alambrado perimetral que permite el pasaje de animales entre los campos y son de uso exclusivo para sus dueños. Allí, lo que se puede cazar es sobre todo el chancho jabalí, pero solo cuando el río Atuel tiene algo de agua y se comunica con el Salado. En el caso de Limay Mahuida, señala la investigadora: “hemos podido encontrar en el medio del desierto, hace unos años, una pista de aterrizaje, con toda una territorialidad que altera la preexistente y que da cuenta de estas redes. Son cotos que funcionan en alguna época del año, de uso exclusivo para sus propietarios, visitados eventualmente por sus dueños”, resume Comerci, quien también integra el Instituto y el Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas.

Estrategias de los puesteros

Gustavo Silvestre, también docente de la carrera de Comunicación Social, analizó las estrategias que utilizaron los puesteros para resistir los desalojos; en especial, la de Simplicio Albornoz, que se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de resistencia al despojo. En su estudio, reconoce que muchos claudicaron al migrar de los espacios rurales hacia las localidades cabeceras de este y otros departamentos oesteños. Sin embargo, otros, como Albornoz, recurrieron a estrategias jurídicas, mediáticas, políticas y de organización comunitaria.

La estrategia de resistencia de Albornoz, cuya familia habita esas tierras desde hace más de 80 años, se destacó por una alta exposición pública para visibilizar su problema. Desde el aspecto jurídico, hizo una denuncia a los empresarios que querían adquirir las tierras por falsedad ideológica e intento de estafa. Aquella medida evitó el desalojo pero no logró conservar por completo las condiciones de vida del grupo familiar ni impedir las consecuencias del avance de los alambrados sobre su campo. Contrató un abogado y mediatizó su caso. Estas acciones llevaron a la Justicia a conformar un equipo de fiscales que investigaron el hecho como un delito complejo, “una situación inédita hasta ese momento en el ámbito provincial”, resalta el comunicador social. El puestero también logró, a través de la organización territorial y comunitaria, que otros campesinos que enfrentaban situaciones similares lo apoyaran para permanecer en su tierra. De este modo, logró movilizarlos hacia la Legislatura Provincial (en Santa Rosa), donde hicieron escuchar su reclamo.

Silvestre concluye en que la estrategia planteada desde un caso individual o familiar no alcanza si no hay redes o un movimiento social que apoye, que visibilice esta situación y que plantee una alternativa. En tal sentido, se formula una pregunta para seguir investigando: ¿realmente estas acciones son suficientes o con el tiempo también se desgastarán y corren el riesgo de perder fuerza como estrategia? Y advierte que el caso Albornoz aún está abierto en el frente judicial. “La judicialización y la mediatización de la disputa detuvieron, en cierta medida, el avance del capital pero el problema permanece latente”.

El rol del Estado

Comerci explica que durante los años 2003-2015, el Estado nacional, a través de sus instituciones, generó políticas de redistribución del ingreso, ampliación de derechos y programas productivos con algunos impactos sociales en las economías regionales y en la producción familiar. Sin embargo, reconoce que no fueron suficientes, integrales ni estructurales como para modificar la calidad de vida de los sectores más vulnerables; puesto que aún persisten problemas como la tenencia precaria de la tierra y la presencia selectiva y discontinua del Estado a través de políticas públicas.

La Pampa sancionó la Ley 2222 que suspende los desalojos. Esta ley se ha prorrogado desde el 2006 hasta la actualidad. Para Comerci, “lo que ocurre es que a veces, en la práctica, hay desalojos que se producen por presiones sin estar mediados por la justicia. Esta Ley, si bien tiene limitaciones, al mismo tiempo, pone un freno al avance judicial y a la llegada de nuevos agentes que buscan quedarse con las tierras”.

El equipo de investigación realizó recorridos recientes por la zona y registró que el tema del conflicto está parado por la presencia de la Ley, pero también porque los puesteros visibilizan el problema –como ya señaló Silvestre– y porque hay un auto-reconocimiento de sus derechos. “Años atrás, en la década del ‘70, se desconocía que los poseedores tenían derechos, que muchos de ellos por ley veinteañal, treinteñal, ya podrían haber ejercido la prescripción adquisitiva”. También hay otras medidas paliatorias, señala la especialista, como el Pro.As, que permite regularizar la situación registral de inmuebles de grupos sociales con escasos recursos económicos para iniciar el proceso judicial. “Si bien la mensura no es gratuita, esta operatoria les permite a las personas de escasos recursos y que carezcan de título de propiedad normalizar su situación”.

Desde el punto de vista del Poder Judicial, Silvestre comenta que la respuesta en estos casos tampoco es rápida porque, en el caso de Simplicio Albornoz, la cuestión está judicializada desde hace 7 u 8 años. Todavía no se ha llegado a una sentencia de primera instancia. Solamente el juicio que está más avanzado es por la colocación de un alambrado, de un cerco, que no le permitía llevar sus animales al agua. “En el caso, hay un empresario imputado por el delito de turbación de la posesión; se va a llegar al juicio oral pero no por la cuestión de fondo, sino solamente por ese bloqueo de circulación”, agrega. Recientemente, Albornoz fue noticia porque el Gobierno Provincial construyó una vivienda social en su puesto. De esta manera, reconoció el proceso de apropiación en el lugar por parte de la familia.

¿Qué sucede en el municipio? Comerci cuenta que al entrevistar al intendente de la localidad cabecera del Departamento, él admite que hay campos alambrados y caminos nuevos y también reconoce los conflictos históricos que tienen los puesteros. Por lo tanto, el problema para los municipios es que esas personas que son desalojadas del campo deben vivir de la asistencia social en los pueblos. En la localidad de Limay Mahuida, de las 80 familias que vieron su origen en el campo, más de 60 perciben distinto tipo de asistencia, de acuerdo con la investigación.

Para realizar los estudios, se conformó un equipo interdisciplinario que trabajó con una pluralidad de fuentes. Se hicieron entrevistas a informantes clave, con distintos referentes que tienen influencia en el municipio o que intervienen en políticas públicas, como el coordinador del Programa Social Agropecuario, intendentes, jueces de paz, maestros y enfermeros. Se utilizaron las encuestas del Repagro y del Programa Pilquen (que es de Bienestar Social y articula con los sectores de mayor vulnerabilidad social). También se utilizaron las estadísticas del Indec. Toda esa información fue triangulada, lo que permitió incluir distintas perspectivas. Además, el grupo trabajó con 290 artículos periodísticos, recopilados desde el 2006. Estos ofrecen información sobre distintos tipos de conflictos, especialmente sobre el proceso judicial y la palabra de los abogados que representan a los empresarios.

“La mirada de las ciencias sociales es muy rica para analizar este problema porque las múltiples perspectivas nos permiten dar cuenta de la complejidad de estos procesos. Es importante incluir las voces y miradas de los sujetos que intervienen en el problema porque, de lo contrario, estamos reproduciendo una territorialidad que expresa solo la lógica que aparece en el mercado. Históricamente ha sido así la cartografía oficial -catastral- que invisibiliza a las familias que viven y trabajan en sus puestos”, reflexiona Comerci sobre el papel de las ciencias sociales en el abordaje de estas problemáticas. Menciona, además, la responsabilidad que tienen como investigadores al indagar, desde una mirada crítica y comprometida, el problema y que contribuya a la trasformación, no solo de la realidad pampeana sino también nacional y latinoamericana. “Porque si una trabaja con distintas escalas, observa que esto que ocurre aquí en el centro de Argentina es muy similar a lo que pasa en estos lugares, y tiene que ver con la lógica del avance del capitalismo y las resistencias socioterritoriales que encuentra en el camino”.

El oeste y una historia de despojos

Los pampeanos que viven en el oeste provincial han sufrido múltiples despojos a lo largo de la historia. El primero comenzó en 1882, durante las campañas militares de la mal llamada “Conquista del Desierto”, contra los pueblos indígenas, que fueron exterminados y, en el mejor de los casos, confinados en colonias pastoriles. Más adelante, los distintos cortes del río Atuel por parte de Mendoza y el manejo del Salado que hizo San Juan, interrumpieron el escurrimiento del agua en el territorio pampeano. Los puesteros que se habían asentado en campos libres del oeste sufrieron el impacto de la pérdida del vital recurso: no pudieron abastecer al ganado, lo que provocó pérdidas económicas. A su vez, las condiciones ambientales de la zona cambiaron drásticamente y el desierto avanzó. De este modo, muchas familias emigraron hacia otras localidades de La Pampa y provincias vecinas. El tercero sucedió durante la dictadura militar, en la década del ‘70. La implementación de una nueva política económica en Argentina da inicio a un proceso de compra y venta de tierras, en el que los puesteros que eran poseedores de estas fueron despojados, en muchos casos de modo fraudulento. El departamento Limay Mahuida fue uno de los pioneros, en este sentido. Un caso emblemático que cita Comerci es el de la Escuela Albergue de Paso de los Algarrobos (ubicada en un paraje rural en el norte departamental). Previa detención y tortura de la maestra, el establecimiento fue cerrado en 1977 y demolido en 1979, en el marco del “operativo claridad”, que tenía como objetivo “la eliminación de ideologías opositoras al orden dominante en las escuelas pampeanas y la censura en los ámbitos culturales”, sostiene el trabajo publicado por Comerci. Y añade: “El oeste era concebido como un espacio ‘peligroso’ que necesitaba una ‘depuración ideológica’”. En ese contexto se inició la maniobra inmobiliaria de mayor magnitud en Limay Mahuida en la compra y venta de tierras. Historia de luchas que continúa sin resolución hasta el presente.

Fuente: ArgentinaInvestiga | Lic. Mariano Pineda Abella | Universidad Nacional de La Pampa

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